El retiro de los tomacorrientes busca terminar con privilegios, reducir riesgos y evitar que grupos criminales sigan operando desde las prisiones, aseguró la presidenta de Costa Rica. 

El gobierno de Costa Rica, liderado por su presidenta, Laura Fernández, ordenó el retiro de los tomacorrientes instalados dentro de las celdas en las cárceles del país, luego de haberse confirmado el decomiso de aparatos eléctricos al interior de los recintos penales.

“Entonces, ¿para qué quieren los tomacorrientes? Quítenlos también”, expresó durante una reunión sobre seguridad. El mensaje de la mandataria costarricense fue directo: “una cárcel no debe convertirse en hotel, ni en centro de operaciones para delincuentes”.

Las nuevas disposiciones buscan romper esa dinámica y reforzar el control institucional sobre las prisiones. La orden ya comenzó a ejecutarse. A la fecha, la Dirección de la Policía Penitenciaria reportó el retiro de 651 tomacorrientes y más de 560 metros de cableado en las cárceles de Costa Rica.

Las autoridades consideran que durante años los grupos delictivos aprovecharon las debilidades del sistema penitenciario para mantener estructuras de mando, comunicarse con el exterior y conservar privilegios incompatibles con un régimen de máxima seguridad.

Cabe destacar, que los operativos realizados en los recintos penitenciarios del país, lograron el decomiso de 352 televisores y 238 hornos microondas, en manos de la población que está privada de libertad por distintos delitos.

El plan de acciones dirigidas a recuperar el orden absoluto y el control del Estado en las cárceles, incluyó el retiro masivo de más de 1.000 tomacorrientes y miles de metros de cableado ilegal. Además de la eliminación de breakers, extensiones artesanales y tapas de seguridad en las celdas. 

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