AMÉRICA LATINA. El proceso para negociar una convención internacional sobre prevención y castigo de crímenes contra la humanidad avanza con una segunda etapa preparatoria prevista para abril de 2027. La decisión de iniciar el camino fue adoptada por la Asamblea General después de años de debates jurídicos. El objetivo es construir un instrumento vinculante que complemente las obligaciones nacionales y facilite la cooperación entre tribunales.
La región conoce la importancia de ese debate por su propia historia de dictaduras, conflictos y procesos de verdad. Una convención puede ofrecer definiciones comunes, reglas de asistencia judicial y garantías para las víctimas, pero su legitimidad dependerá de que los Estados acepten límites claros y eviten el uso selectivo de la justicia. La discusión técnica debe convivir con la memoria de quienes todavía buscan información, reparación y reconocimiento.
El Comité Jurídico de la Asamblea General tiene previsto reunirse entre octubre y noviembre de 2026, mientras los gobiernos presentan propuestas y observaciones. En la mesa aparecen asuntos complejos: jurisdicción, prescripción, cooperación probatoria, inmunidades y relación con la Corte Penal Internacional. Las diferencias son reales, pero el proceso ofrece un espacio para reducir vacíos que hoy permiten que algunos responsables queden fuera del alcance de la ley.
Una futura convención no resolverá por sí sola las crisis contemporáneas. Necesitará fiscalías independientes, archivos accesibles, protección de testigos y políticas de reparación. El aporte latinoamericano puede ser decisivo si combina experiencia judicial con una defensa consistente del derecho internacional. El principio rector debe ser sencillo: cuando los ataques contra la población alcanzan la gravedad prevista por la ley, la respuesta estatal debe ser investigar, proteger y juzgar, sin importar la identidad del acusado.
Fuentes consultadas: ONU, documentos de la conferencia sobre crímenes contra la humanidad; Sexto Comité Jurídico de la Asamblea General; ONU, antecedentes del proceso de codificación; Corte Penal Internacional; ACNUDH, derechos humanos.
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