Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.
Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre 2025 con la promesa de sanear la economía mediante un programa que contempla la reducción del gasto público y la liquidación de empresas estatales, propuestas que han generado fuerte resistencia de diversos sectores políticos y sociales.
La ciudad de La Paz, su vecina El Alto y otras han sido víctimas de una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles provocados por cortes de rutas durante las manifestaciones en contra de las medidas impulsadas por el presidente Paz, y que han alimentado a la peor crisis económica.
Ante tal situación, el mandatario quizo poner fin a las manifestaciones y bloqueos de caminos, decretando “Estado de Excepción” en el país, y culpando al ex presidente Evo Morales, a quien acusó de financiar las protestas con recursos del narcotráfico, sin presentar pruebas de ello.
El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó ante la Fiscalía de Bolivia la denuncia contra Evo Morales, Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar, por el daño económico que causaron los cortes de caminos en el país.
Por su parte, Evo Morales, se defendió argumentando que el grupo que presentó este recurso «no tiene ninguna autoridad para hablar de bloqueos» porque ellos mismos han sido los «promotores» de cortes de rutas, tal y como ocurrió el 2019, cuando impulsaron su renuncia y lo acusaron de fraude.
Fuente: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260703-evo-morales-rechaza-una-denuncia-penal-en-bolivia-de-grupos-que-lo-acusan-de-terrorismo
